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GUATEMALA,
martes 24 de
agosto de 2010

Opinión | POLÍTICAS PÚBLICAS

Obstáculos al desarrollo
rural

Existe
una gran diferencia entre las personas que
trabajan en actividades agropecuarias y el ingreso
que ellas perciben...

Mario A. García
Lara [email-masked]

El área rural de Guatemala concentra a la
mayoría de la población trabajadora del país. El
último censo de población estableció que el 42% de
la población económicamente activa se ubica en
actividades primarias (fundamentalmente del sector
agropecuario). Sin embargo, según las cuentas
nacionales, esas mismas actividades generan
únicamente el 14% del Producto Interno Bruto.

Existe, pues, una gran
diferencia entre la cantidad de personas que
que ellas perciben lo cual, evidentemente, se
traduce en los altos índices de pobreza que se
registran en el área rural. Otra forma de leer
estas cifras es que una gran cantidad de personas
empleadas en el área rural genera muy poca
producción. De manera que la baja productividad de
los factores de producción y la alta incidencia de
la pobreza son las dos caras de la misma moneda
del desarrollo rural.

Más allá de las múltiples
opiniones subjetivas que existen sobre la materia,
se dispone de varios estudios científicos,
rigurosamente elaborados (como por ejemplo, uno
realizado por el Instituto de Ambiente y Recursos
Naturales de la Universidad Rafael Landívar en
2006), que identifican los principales cuellos de
botella que deben superarse para corregir el
círculo vicioso de improductividad y pobreza en el
área rural.

Dichos cuellos de botella tienen que ver, por
un lado, con la ausencia de un conjunto de
políticas de largo plazo enfocadas a aumentar la
productividad, a generar excedentes en las
economías campesinas y a propiciar la
participación de la población en las decisiones
económicas y en la vida política y social del
país. Por el otro, se relacionan con que no existe
una institucionalidad coordinada y bien
fiscalizada a cargo de tales políticas.

De las múltiples iniciativas
de ley que se han estado impulsando para promover
el desarrollo rural del país, muy pocas se basan
en los diagnósticos científicos disponibles y, por
lo tanto, no acometen con propiedad la tarea de
facilitar políticas públicas pertinentes y de
fortalecer la institucionalidad del estado. La más
reciente de ellas, elaborada conjuntamente por el
Ejecutivo y algunas organizaciones campesinas y
que se tradujo en la iniciativa 4084 (Ley del
Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral),
también fracasa en el intento.

Tal iniciativa, pecando de
poco realista y demasiado detallista, plantea
políticas de forma incierta o contradictoria
respecto de los aspectos que, según los estudios
técnicos, deberían privilegiarse (la
productividad, la excedentariedad y la
participación). No sólo omite priorizar políticas
clave (como la de Mipymes o las de enfoque
territorial –que toman en cuenta la vocación de
los territorios-), sino que plantea obligaciones
deliberadamente ambiguas respecto de temas tan
polémicos como la reforma del régimen de tenencia
de la tierra, la definición de tierras comunales o
la revisión de los tratados de libre comercio
vigentes.

Además, la referida iniciativa
debilita la institucionalidad del estado pues, por
una parte, despoja a los Consejos de Desarrollo de
su función de mecanismo formulación participativa
de las políticas y, por otra, también dispone la
creación de un nuevo ministerio con duplicidad de
funciones y sin presupuesto, además de minar al
Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional al
plantear nuevo sistema paralelo al mismo.

Por eso llama la atención y
despierta suspicacias que algunas agrupaciones
creadas, supuestamente, para promover el
desarrollo de la población rural insistan en
empujar a toda costa una ley técnicamente
deficiente y políticamente inviable. ¿Por
qué  insistir en una ley tan compleja con un
contenido tan controversial? ¿Por qué no converger
hacia una ley más simple, quizá menos ambiciosa,
pero más viable? Lamentablemente pereciera que
esta vez, como en tantas ocasiones en la historia,
los radicales de ambos extremos del espectro
político coinciden en que, en el fondo, lo que
quieren es que no se apruebe ninguna ley que
favorezca el desarrollo rural: que nada cambie
para que todo siga igual, incluyendo su modus
vivendi.

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