Centros de investigación de la Usac y la URL, diseñarían plan para hacer viable la oferta del parlamento alemán. Universidad del Valle y Asies apoyan al grupo.
Ya no son sólo los ambientalistas los que protestan en contra de la prórroga del contrato entre el Estado y la compañía francesa Perenco para continuar explotando petróleo a partir del 13 de agosto próximo en el Parque Nacional Laguna del Tigre.
Más de 15 instituciones educativas, ONG ambientales y de la sociedad civil mostraron su total rechazo a la decisión del presidente Álvaro Colom de autorizar la extensión del contrato con Perenco, y anunciaron las medidas que adoptarán para detener lo que catalogaron como una verdadera “aberración jurídica”.
La Universidad de San Carlos (Usac), de acuerdo con su mandato legal, que la obliga a administrar el Biotopo, Laguna del Tigre, Río Escondido, donde se ejecuta parte del contrato en cuestión, planteará acciones legales en los próximos días para evitar que este se concrete.
Adrián Zapata, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Usac, comentó que ya tienen la autorización del Consejo Superior Universitario para plantear los recursos legales en contra de la prórroga, los cuales son analizados por sus técnicos, y que además, cuentan con el apoyo de la Universidad Rafael Landívar (URL) a través del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA).
A la espera de que la Corte de Constitucionalidad resuelva los amparos presentados en contra de la petrolera, tanto la Usac como la URL, a través de los institutos mencionados, se comprometieron públicamente a elaborar la propuesta que permita replicar en el Parque Laguna del Tigre, la experiencia ecuatoriana Iniciativa Yasuní-ITT: la Gran Propuesta de un País Pequeño.
La idea se origina de un ofrecimiento de parte del parlamento alemán que se permitiría al Estado guatemalteco recibir una compensación a cambio del resguardo del Parque Nacional Laguna del Tigre.
Los académicos criticaron no sólo la ilegalidad de la renovación del contrato con Perenco, sino el escaso beneficio económico que obtendrá el país: “Los únicos que apoyan ahora la prórroga son las municipalidades, pero durante los 25 años que tiene la explotación petrolera en Petén, las comunidades no se beneficiaron” comentó Zapata.
Juventino Gálvez, del IARNA, crítico la indiferencia que prevaleció durante el período previo a la firma de la prórroga: “ha sido un diálogo de sordos, el Presidente no escuchó ni a los ambientalistas, ni a las universidades, a la cooperación internacional o las propias instituciones del Estado que le advirtieron sobre no prorrogarlo”. Agregó que el país fue llevado a una situación “extrema” que anula la poca institucionalidad restante en la nación.
En abril, Colom le pidió a la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente (Asorema) que estudiaran el caso y le dieran su recomendación, la cual fue negativa.
Asorema misma, junto a 12 organizaciones más entre las que se encuentran Defensores de la Naturaleza, CALAS, Fundaeco, el Centro de Estudios Conservacionistas de la Usac y Arcas, entre otros, también se manifestó en contra de la decisión del Presidente y exigió a la CC la cancelación del contrato, pues la prórroga es una “ilegalidad”. Miriam Monterroso, de Arcas, explicó que desde el Consejo del Conap le enviaron una carta al Presidente para advertirle de lo ilegal de la prórroga.
Consultado el Ministro de Energía y Minas sobre la supuesta ilegalidad de la prórroga y de por qué tres ministros se habían abstenido de firmarla dijo: “En un Gabinete ellos tienen libertad de razonar su voto, pero estamos convencidos que actuamos legalmente. Revisaron el contrato tanto los abogados de la Secretaría de la Presidencia como de la Procuraduría General”.
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